La medida, que responde a un requerimiento hecho por las comunidades kawésqar haciendo uso de la Ley Lafquenche a través del instrumento Espacio Costero Marino Protegido para Pueblos Originarios (ECMPO) supone un duro golpe para la industria del salmón, la que busca extender sus operaciones con 344 solicitudes en las aguas de la Patagonia.